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Año 19 - Octubre/2017
BIMESTRAL
N° 101
denuncia    INICIO      Domingo 19 de Noviembre del 2017    
  EDITORIAL

  INTERNACIONAL
CRÓNICA DEL TERREMOTO

  POL√ćTICA
FRENTE A LAS SINRAZONES DE LA MEGAMINERÍA
ENMÍENDAS TRAMPOSAS Y NULAS
LA CONSULTA POPULAR ES NUESTRA

  DENUNCIA
CAÑAR PROVINCIA PRIVATIZADA
AL GOBIERNO NO LE INTERESA COOPERA

  NATURALEZA
DEFENSA DEL AGUA Y LA VIDA
CULTIVOS TRANSGÉNICOS

  HISTORIA
LA MEMORIA INDISCRETA

  LITERATURA
PAGINA LITERARIA

  EDUCACION

  CIUDAD
CUENCA UNA MIRADA MODERNA
150 AÑOS DE FULGOR

  CULTURA

POR: Galo Muñoz Arce

 

 


Al gobierno no le interesa Coopera
Por segunda ocasión, en términos humanísticos,  la representante de COOPERA y activista social Dra.  Graciela Estrella Abril, se dirigió al mandatario y recibe la negativa del Gobierno del Lcdo. Lenín Moreno, de dialogo para conocer la situación de los socios afectados por esta institución que fue cerrada por el gobierno durante el período presidencial del ex  mandatario Rafael Correa.

La afectada, con la  venta de su casa, depositó en COOPERA,  con fecha 28 de mayo al 28 de junio del 2013 una póliza,   confiada en que los organismos de control financiero, garantizaban la liquidez de la institución, conforme establece la constitución.

Para el colmo de su infortunio, el día diez de junio los medios de comunicación dan a conocer que la COOPERATIVA, atraviesa problemas financieros serios, debido a manejos inusuales, según el ex fiscal Chiriboga. Sucede, que el día 12 de junio se produce al cierre de la cooperativa para dar paso a un proceso de liquidación,  supuestamente, garantizando la devolución de nuestros haberes de una manera ordenada. Sin embargo se inicia el viacrucis por recuperar el patrimonio de toda una vida. Han pasado más de cuatro años y no “me ha sido devuelto  ni el 10 e mi capital depositado”.

Luego de este  lamentable hecho,  más de seiscientas familias quedaron completamente en la calle y sin trabajo, los planes de invertir en la formación profesional de sus hijos, se  torna realmente imposible y han  llegado al extremo de la vulnerabilidad, puesto que en los actuales momentos no cuentan con un techo propio donde habitar, ni los medios indispensables para la sobrevivencia diaria y pago de los onerosos servicios públicos.

Hace aproximadamente dos años, los socios de COOPERA y en mi calidad de coordinadora sostuvimos una reunión con el ex presidente Rafael Correa, quien se comprometió apoyarnos con bonos de vivienda, préstamos, trabajo, entre otros.  De manera especial, considerando mi estado de vulnerabilidad, me ofreció una beca para la especialidad en cirugía, de mi hija, médica y una beca a mi hijo, para estudios de piloto, en la Escuela de Pilotos Pan-am Miami, que había sido admitido, antes del colapso de Coopera.

Confiada que el compromiso presidencial sería una realidad, inicié la gestión del ofrecimiento, invirtiendo tiempo y dinero, viajando por más de un  año, de ministerio en ministerio y otras instituciones estatales burocráticas, como es el caso de la SENECYT, que no disponía de becas para la especialidad de Cirugía, tampoco para estudios técnicos de piloto, llegando en conclusión a ofrecerme una beca de  trescientos dólares mensuales, que no cubrían en  lo más mínimo la carrera, que en ese entonces tenía un costo de sesenta mil dólares. 

Al ver esta realidad mi hijo decide estudiar  medicina e ingresa a la Universidad Católica de la ciudad de Azogues, cursando el cuarto ciclo. Sorpresivamente, los profesores de la materia de investigación, de Alianza País, el uno directivo del hospital de Azogues y un doctor Guamán le hacen perder tres períodos.   Como antecedente, y por denuncias en las redes sociales se conoce que un profesor tiene problemas con los médicos que no concuerdan con su posición política y han sido separados de su cargo. Por esta razón presumo que mi hijo es víctima de una  represalia, que pone en juego su futuro profesional y está condenado a no poder ingresar en ningún centro académico público o privado. No es posible  que la represalia y persecución de las autoridades de gobierno trascienda a nuestros hijos, frustrando su futuro y vida profesional, por el único motivo de exigir derechos.

Estos son suficientes causas y motivos para entender mi justo reclamo, acompañando a los movimientos sociales  en la lucha por el imperio de la justicia, principalmente, el resarcimiento de nuestros derechos, sin importarme, que el gobierno del ex mandatario, Rafael Correa, en su  intento de callarme la boca, me procese como “terrorista”.

¿Cómo se fraguo el cierre de COOPERA?
Rodrigo Aucay, ex gerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera Ltda, que supuestamente guarda prisión en la cárcel de Turi, ha sido acusado de lavado de activos, peculado y violación. Su sentencia mayor es de 16 años.

Sin embargo, para el colmo de su desfachatez, sostiene  que se siente traicionado por quienes en su momento apoyó políticamente, refiriéndose a Alianza País y por las personas con las que construyó un sistema de modelo económico que lo aplicó en Coopera Ltda”.

El presidiario admite   que había una cartera (créditos por cobrar) de cerca de 70 millones de dólares y la vendieron en 31 millones de dólares a la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) y de allí trasladaron a un grupo de cuatro cooperativas, que también se hicieron cargo de las aproximadamente 40 oficinas que tenía Coopera y que no han pagado ni un solo centavo por la ocupación… Estos espacios representaron una inversión de Coopera en computadores, sistemas, arriendos, empleados… Si no han pagado ni un centavo eso es pérdida y si cosas como estas cargo a un balance posterior claro que dará pérdidas…

Pero en este caso,  no solo la SEPS  detectó supuestas irregularidades en Coopera sino también la Fiscalía del Azuay, que inició una investigación por presunto lavado de activos.
No hubo ese supuesto lavado de activos, refiere Aucay, el lavado de activos es cuando yo tengo dinero en efectivo y meto en el sistema financiero para limpiarlo, blanquearlo o lavarlo. Lo que pasó fue una consecuencia de la lucha política del sector cooperativo que planteó que el Sistema Unitario de Compensación Regional (SUCRE) pudiera ser un sistema democrático también para las cooperativas y no solo para las grandes instituciones financieras en el tema de exportaciones e importaciones…

Sobre el famoso sistema de la billetera electrónica, trabajamos con Diego Borja y Pedro Delgado… Para el SUCRE hubo un convenio de un programa piloto con el Banco Central del Ecuador (BCE) que tenía la obligación de revisar todas las operaciones… Al país ingresaron 1.640 millones de dólares, de los cuales por Coopera creo que pasaron 31 o 34 millones producto de intercambio de exportaciones e importaciones entre empresas… “Eso es legal”, sostiene el involucrado en el desfalco y cierre de COOPERA.

Esa no era nuestra competencia, no podíamos ver si las facturas de origen de esas empresas eran válidas o no válidas y si estaban alteradas o no alteradas, era un documento lícito y legal… Esos documentos los verifican los ministerios de Industrias y Productividad (MIPRO) y de Comercio Exterior, y las operaciones de negocios son vía electrónica… Si son empresas falsas los que deben estar presos son los representantes de esas empresas y los funcionarios de las instituciones que dieron esos documentos, admite Rodrigo Aucay.

No solo ingresó dinero por Coopera sino también por otros bancos como Guayaquil, Pichincha, Produbanco, Austro, entre otros… Los controles del sistema SUCRE tenían que hacerse en Venezuela, y los bancos operadores de Venezuela no eran bancos particulares sino bancos estatales…

ALIANZA PAIS, usó  su influencia  política
A Rodrigo Aucay, según denuncias de  medios  de comunicación, se le  acusa, de convertir  la economía popular y solidaria la que le permitió  candidatizarse a asambleísta en las elecciones de 2013, a las que se presentó bajo el auspicio de Alianza País (AP 35), organización política oficialista.

Pero, el acusado reconoce que su participación fue  un pedido exclusivo  de las mismas ministras Doris Soliz (ahora asambleista de AP) y Betty Tola ( ex titular del Ministerio de Inclusión Económia y Social MIES), de funcionarios y directores de AP en Azuay. Ellos se vincularon y conocieron el modelo muy a fondo y muy profundamente, y entonces allí propusieron que se los apoye.

Sobre el apoyo de COOPERA,  a la campaña electoral de 2013 para los candidatos de AP, Aucay reconoce que quien debería presentar documentos sobre  los fondos que se utilizaron, es el  ex asambleísta Oswaldo Larriva, “porque él estuvo en Coopera y ellos fueron los que me llevaban a toda campaña,  participaron en el aniversario de Coopera y en el lanzamiento de mi candidatura, banquetes, viajes al exterior y todo tipo de despilfarrro de los fondos de los  afectados”.

Aucay sostiene  que primero pidan una nueva valoración de los activos de Coopera, no puede ser posible que una propiedad que tenía Coopera que vale seis millones le han vendido en un millón y medio de dólares… También se tiene que cobrar a las cooperativas por los bienes que están utilizando…

El modelo de farmacias y consultorios médicos, eso cuesta mucho dinero, el tema de investigación científica, de marcas y patentes, que hoy se encuentran en el mercado con otras marcas… Los socios tienen que hacer una demanda al Estado y una demanda a las cooperativas que intervinieron… También tienen que exigir que se abran los archivos originales de los softwares y que se quite el top secret.

Lo único que queda claro, es que el dinero de los afiliados de COOPERA, se esfumó como el viento y que los grandes responsables del atraco, (funcionarios del gobierno), se niegan a investigar  el hecho que  afecta a más de seiscientas  familias que se  debaten en la más absoluta pobreza. El nuevo gobierno hace caso omiso por investigar  el proceso de saqueo y corrupción que se cometió, en mengua de los afiliados. Se niega a dialogar con los afectados, dejando una clara  impresión consciente o inconscientemente de ser un   cómplice o encubridor.

 Desde COOPERA  y los movimientos sociales, nos comprometemos a dar una lucha sin cuartel en contra de la corrupción, causante  y síntoma de la descomposición social. Esta acción requiere de acciones políticas en las calles para transparentar toda la acción gubernamental, fortaleciendo  las instancias de veeduría ciudadana. “Hay que sanear a la administración pública de las mafias y grupos de presión que operan en todas las funciones del Estado, convirtiéndose en otra  función combatir la corrupción la impunidad, atrincherándonos en las calles y plazas del país”, alertó la lideresa social Dra. Graciela Estrella Abril


 


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