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Año 13 - Febrero/2011
BIMESTRAL
N° 61
polÍtica    INICIO      Martes 18 de Junio del 2019    
  EDITORIAL

  POLÍTICA
ENTRE DECLIVES Y MESIANISMOS
SE DESGRANA LA MAZORCA
YO VOTARÉ NO
LA FATALIDAD DEL CAUDILLISMO
ESTILO DE GOBIENRO

  ANÁLISIS
POLÍTICA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

  OPINIÓN
EL ECUADOR QUE QUEREMOS

  DENUNCIA
ATRAPADO SIN SALIDA

  SOCIEDAD
VIVIR Y PROGRESAR

  LITERATURA
SABIOS ORFEBRES DE LA PALABRA

  NOTICIAS

  ARTE
JOAQUÍN PINTO

  CULTURA
MUSEOS DE CUENCA

  SALUD
LA MEDICINA CHINA

  COMUNIDAD
20 AÑOS DE ARTE, CULTURA Y SENTIMIENTO

POR: Hugo Ibarra P.

 

 


Estilo de gobierno

 En un artículo anterior publicado en este mismo medio, hablamos sobre las cualidades que debe reunir un Gobernante; decíamos, que debe ser un Estadista, lo que significa, que a más de inteligencia, conocimiento y preparación, debe reunir otras cualidades como son sabiduría, experiencia, clemencia, prudencia, moderación, equilibrio, criterios de justicia y equidad, patriotismo, identificación con el alma nacional, honestidad y pulcritud; sus acciones deben ser profundamente pensadas, meditadas, analizadas, sopesadas, repasadas,  oportunas pero no apresuradas, con el objeto de acertar, servir al bien común y hacer posibles el progreso y engrandecimiento de su pueblo y de su Patria.

No negamos que nuestro actual Presidente es inteligente, preparado académicamente,  bastante conocedor de la realidad nacional, entusiasta, lleno de energía y vitalidad y posiblemente bien intencionado,  y deseoso de trascender en la historia nacional, dejando como legado de su gestión, importantes realizaciones. No tenemos empacho en reconocer sus aciertos en términos de impulsar obras y realizaciones que son vitales para el desarrollo y futuro del Ecuador, como la reconstrucción y mejoramiento de la red de carreteras; la rehabilitación –aunque parcial y limitada- del ferrocarril;  el desarrollo eléctrico y energético del país; sus afanes por mejorar el sistema educativo; su sensibilidad en los temas sociales como la salud, la construcción de viviendas de interés social y el apoyo a los discapacitados o personas con capacidades especiales.

Lamentablemente, a sus anotados aciertos y virtudes,  contrapone unos cuantos vicios, mañas, desaciertos y actuaciones negativas;  en cuanto vicios, puede imputársele la comisión reiterada de faltas, el hablar y actuar con apresuramiento, incurrir en constantes yerros, cometer excesos, actuar con desenfreno, evidenciar a veces pasiones negativas;  de las mañas, en sus acepciones negativas, se le puede atribuir astucia, sagacidad, afán atropellador, peliagudo y con tendencia a la malicia para destruir y golpear a sus adversarios o detractores; sus carencias en cuanto experiencia –sobre todo política- , y su falta de conocimiento de muchos aspectos que conforman la realidad; su desmedido afán de protagonismo, su egocentrismo, su marcada vanidad - mientras vilipendia, ofende y apoca-  a sus adversarios; la ausencia de serenidad y prudencia en muchas ocasiones producto de la inmadurez que provee sabiduría, se traducen en actuaciones viscerales, precipitadas, revanchistas, vengativas, intransigentes e intolerantes. Su gestión, ha merecido aprobación o reproche y ha incidido en su  popularidad,  según la combinación de factores positivos y negativos o la preponderancia en un momento determinado de los unos o los otros.

 

El observador está obligado a juzgar con equilibrio, para apreciar virtudes y defectos; aciertos y errores; aspectos positivos y negativos; la falta de equilibrio le puede conducir a volverse incondicional, adulador, cómplice, fanático, ciego, subjetivo, desaprensivo, si solo logra ver los aciertos; o, volverse opositor negativo, depredador, enemigo, desleal, contumaz, si finca su mirada solamente en los aspectos negativos.  Es incierta todavía la durabilidad o vigencia del “Correismo” en el Ecuador, sin embargo, podemos avizorar que el actual Presidente llamará la atención de historiadores y cientistas sociales del futuro, como otro de los personajes polémicos, que han marcado una época y han dejado huellas significativas en la vida nacional, en bien o en mal.  

 

Con la sana aspiración de que el Presidente enmiende, nos permitiremos repasar sus principales errores y actuaciones negativas pasadas, y examinar lo que consideramos verdaderas aberraciones jurídicas y barbaridades en las que se ha incurrido o se están cometiendo en estos días. Hemos criticado el proceso concentrador del Poder en la Función Ejecutiva y su afán de controlar, someter, intervenir, direccionar, imponer y/o desprestigiar a las otras Funciones del Estado u Organismos Fundamentales; fue cuestionable el apresuramiento para expedir la actual Constitución, imponiendo contenidos, incurriendo en múltiples errores en técnica jurídica e incluyendo aspectos inconvenientes, demagógicos e inaplicables; es rebatible, el manejo de la política internacional del Ecuador, que ha respondido más al propósito de delinear una posición ideológica, que al interés y los objetivos nacionales; fue desmedida la respuesta frente al bombardeo de Angostura por parte de Colombia, sin soslayar la necesidad de una respuesta firme, enérgica y soberana; la decisión de expulsar empresas petroleras, dar por terminados contratos, expulsar a una empresa constructora brasilera, fueron no meditadas suficientemente, apresuradas e injurídicas y le acarrearán perjuicios económicos al Estado ecuatoriano a consecuencia de sentencias en Tribunales de Mediación Internacional y de Justicia en el Ecuador, con el consiguiente desaliento de las  inversiones y el deterioro de la imagen del Ecuador ante la Comunidad Internacional; hecho a perder el Proyecto ITT, desalentando a los posibles cooperantes con su actuación desmesurada e irrespetuosa;  maneja el Gobierno un doble discurso y una ambivalencia en sus posiciones, que genera incertidumbre y desconfianza en los diversos actores de la vida nacional y dudas en el exterior;  ha sido injustificable su ataque sistemático a los medios de comunicación, sin resultados prácticos, no traducidos ni en cambio de propietarios, mejora de contenidos, orientación democrática y alineación con los grandes objetivos nacionales y el bien común o corrección de todo aquello que respondió al tráfico de influencias o poder económico, para asignar Frecuencias; sus desaciertos en el manejo económico, están reflejados en los bajos índices de crecimiento, subempleo y desempleo y auge delincuencial; su política masiva de subsidios se volverá insostenible en el tiempo, es altamente onerosa, indiscriminada y clientelar;  la inversión social en salud y educación, muestra hasta hoy pocos resultados prácticos, manifestándose insuficiente o mal manejada; la guerra contra la “Banca corrupta”, no ha ido más allá de la declaratoria, pues no ha cambiado el comportamiento de ese sector, no ha puesto fin a los créditos vinculados, no se ha traducido en democratización del crédito ni en una baja de las tasas de interés a niveles racionales y compatibles con la capacidad de absorción por los beneficiarios del crédito; ha actuado con revanchismo, empecinamiento, precipitación y hasta saña en contra de sectores sociales, gremios o personas que le han enfrentado u hecho oposición; hay decisiones y actuaciones que se han tomado sin la debida meditación, conocimiento, sin sopesar los diversos aspectos involucrados o la posibilidad de alcanzar los objetivos buscados, por lo que se ha visto forzado a desistir, dar marcha atrás, negociar, revisar, modificar, con la consiguiente pérdida de imagen y de credibilidad; el marco jurídico del país está siendo reemplazado por nuevas leyes expedidas de manera precipitada, con errores jurídicos de bulto que se van haciendo evidentes en su aplicación; no hay predisposición para facilitar, permitir y motivar la tarea fiscalizadora, tan necesaria en una sociedad que refleja altos índices de corrupción y que sería la evidencia de actuaciones honestas y transparentes.

 

Las limitaciones de espacio, no permiten una revisión más completa y más pormenorizada de cada caso, por lo que pasaremos a examinar algunos hechos de estos días. En primer lugar, respecto a la declarada guerra a los invasores de tierras en la ciudad de Guayaquil; hasta hoy, no sabemos que estén identificados, enjuiciados o detenidos los mentalizados y usufructuarios de ellas, que se engordan aprovechando la necesidad, la pobreza y las carencias de la gente; no tenemos ninguna certeza de que estos traficantes de tierras estén siendo o vayan a ser obligados a restituir los valores recibidos de los compradores de ellas; estos procesos responden a motivos estructurales, que generan presión social, sin que hayan tenido oportuna y debida respuesta y atención de los poderes públicos; el Gobierno anuncia el desarrollo de programas de vivienda planificados y habla de procesos de reubicación de asentamientos, por lo que nos parece sensato, que a la par que se previenen e impiden invasiones nuevas, haya un margen de tolerancia respecto a los asentamientos ya establecidos en los que ya haya inversión de recursos y sus ocupantes satisfacen una necesidad imperiosa como la de tener vivienda, sin que sea dable, razonable, sensato, humanitario, destrozar “viviendas” por más rústicas que fueren, dejando a seres humanos en la miseria total y a la intemperie. En consecuencia, frente a ellos, hay que analizar medidas como su legalización y dotación de infraestructura o su reasentamiento cuando estén listos y terminados los proyectos que el Gobierno ejecute. En el caso de asentamientos que puedan legalizarse, por respeto a la propiedad privada, el Estado debe intervenir para hacer factibles procesos de negociación, expropiación e indemnización a sus propietarios anteriores. Civilizadamente y anteponiendo el interés general, el problema debe ser enfrentado y solucionado de manera conjunta por el Gobierno Central y la Municipalidad de Guayaquil, poniendo fin a un enfrentamiento estéril y que repugna a la conciencia nacional.

 

Finalmente, me referiré a las respuestas del Gobierno, ante el lamentable accidente de tránsito sufrido en semanas pasadas por una Unidad de la Cooperativa “Reina del Camino”, adoptando medidas apresuradas, inconsultas, inconstitucionales e ilegales, que a la luz del derecho constituyen verdaderas aberraciones jurídicas; y, que de ninguna manera lograrán los resultados aparentemente buscados, pero que si generan consecuencias económicas y sociales graves. En primer lugar, si se quiere aplicar el criterio de la responsabilidad solidaria respecto al accidente, el primer responsable es el Estado ecuatoriano y sus diferentes gobiernos, que han manejado el sistema de transporte nacional con total negligencia, indiferencia, irresponsabilidad, corrupción, como botín político y con criterio político, por lo que actuando con honestidad, el Gobierno debió cesar a sus propios Funcionarios y clausurar o declarar la reorganización total de los organismos competentes en la materia; ¿ No fue el Estado ecuatoriano el que permitió que durante décadas los Sindicatos de Choferes manejen las Escuelas de Capacitación, donde se instaló la corrupción y la venta pública y notoria de Licencias de Manejo?  ¿No ha sido el Estado a través de sus Organismos, el responsable de la planificación, organización, regulación y control del tránsito nacional, aprobando la conformación de Operadoras, certificándolas, revalidando su funcionamiento con cada Permiso de Operación, calificando individualmente a cada socio que ingresa a ellas y autorizando la operación de cada Unidad?  ¿No deberían, siguiendo la lógica de la responsabilidad solidaria, los familiares de las víctimas demandar indemnizaciones al Estado ecuatoriano por negligencia e incompetencia de sus organismos y funcionarios, si se manifiesta que el sistema está lleno de irregularidades y deficiencias?  Nos preguntamos, si se ha dispuesto investigar que personal policial estuvo en los puestos de control de carretera en los distintos puntos por donde debió pasar la Unidad con exceso de pasajeros. En segundo lugar, como parece ser, admitamos que el accidente, se haya debido a impericia, imprudencia, negligencia o irresponsabilidad del Conductor, por llevar exceso de pasajero y lo más presumible, un recalentamiento del sistema de frenos, por haber descendido utilizando marcha inapropiada, lo cual significa mal manejo y no falta de mantenimiento del vehículo; pero resulta, que la responsabilidad en materia penal y de tránsito, es personal y no transferible, que en el caso resultaba inaplicable por el fallecimiento del Conductor; no obstante, subsiste la responsabilidad civil, ejercitable por cada  afectado o familiares de las víctimas en las respectivas instancias judiciales, respecto a la cual la ley establece la solidaridad civil del propietario, que si es transmisible a los herederos ante el fallecimiento del mismo. La Ley de la materia, contempla sanciones para las Operadoras, más, ¿se ha establecido con el debido proceso esa responsabilidad?  ¿Acaso, no se produjo la clausura inmediata de la Operadora, antes de cualquier proceso investigativo? ¿El Parte Policial es suficiente prueba de responsabilidad o ella debe establecerse en sentencia?  ¿En que queda la presunción constitucional de inocencia? ¿Qué de las garantías constitucionales del debido proceso? ¿ Se borró de la Constitución o se decidió no respetar e ignorar los derechos consagrados en la Constitución como el derecho a emprender en actividades económicas, el derecho de propiedad, el derecho al buen vivir, el derecho al trabajo, la seguridad jurídica, que amparan a los demás socios de esa Cooperativa, a más de cuatrocientos Conductores y Controladores de sus Unidades y más de cien empleados de oficinas, a los que se les priva de su sustento, se les pone en imposibilidad de cumplir sus obligaciones con terceros y que pronto verán sus vehículos embargados por los acreedores, en el caso de los socios?. En un país en el prolifera el desempleo y el subempleo, de un plumazo, apresurada e irresponsablemente se eliminan más de 500 puestos de trabajo.  ¿Que garantía existe para las inversiones realizadas con mucho esfuerzo por los cooperados para adquirir Terminales y terrenos para garajes y más infraestructura de la Cooperativa sancionada?  ¿El resto de socios de la Cooperativa, sus empleados y todo el personal  asignado a las demás unidades de la Cooperativa, son co-responsables con la imprudencia o impericia de un Conductor, para pagar sus consecuencias y ser dejados sin la fuente de su sustento? ¿Acaso, no era lógico, emprender en un proceso de control planificado, serio, riguroso y gradual, de forma permanente a esa Cooperativa y de todo el sistema para realizar las correcciones y ajustes del caso e imponer sanciones razonables y personificadas a quienes resulten culpables? ¿Tienen los organismos rectores del tránsito nacional estudios serios, fundamentados sobre la realidad y condiciones en que se desenvuelve el tránsito nacional que guíen sus actuaciones y sobre el conjunto de causas  o factores que provocan los accidentes de tránsito?  Los Funcionarios de los organismos de control del tránsito deberían visitar o mandar a inventariar todos los vehículos que se encuentren en los patios de retención de la Policía Nacional por causa de accidentes, para establecer que porcentaje corresponden a los de servicio público y que porcentaje a los particulares, para reflexionar si se justifica su ensañamiento con el transporte público. Por último, frente al principio de igualdad consagrado por la Constitución y los diversos instrumentos de derechos humanos, nos preguntamos si se lo aplica, cuando en el Ecuador los Conductores Profesionales, mediante el sistema de resta de puntos, son los únicos profesionales a los que por incurrir en unas cuantas faltas, se les priva del Título Profesional?  ¿Nos preguntamos si en el Ecuador se realiza control de bienes y servicios en las demás actividades, haciendo que se respete el derecho de los Consumidores a acceder a bienes y servicios de calidad y se habría autoridad que se atreva a clausurar a un gran productor o prestador de servicios?

 

El Ecuador es el país de la prepotencia y de la arbitrariedad, donde la Ley se aplica mirando a quien y donde sus ciudadanos masticamos todos los días el sabor amargo de la injusticia, impotentes ante las veleidades y caprichos de los que ostentan Poder. Demandamos de Usted, Señor Presidente, mesura y prudencia en sus actuaciones, para bien de la Patria y suyo propio.



 


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