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Cuando la racionalidad política pierde espacio frente al dogmatismo fundamentalista, de la violencia de los cuerpos armados, la dirección que toma la respuesta de un gobierno débil e impopular frente a un conflicto de magnitud desatado por su propia capacidad para evaluar el alcance y los efectos del “paquetazo económico”, avizora la caída en el abismo del horror. Ecuador está viviendo horas de horror.
En una de las tantas y anodinas cadenas nacionales y “entrevistas pactadas” que el gobierno desplegó en los medios de comunicación del país, la presencia conjunta de la Ministra de Gobierno y del Ministro de Defensa, ya anunciaba ese desplazamiento desde la posibilidad de negociar razonablemente un desacuerdo político hacia la aplicación pura y dura de la fuerza bruta para reprimir a la población que protestaba.
Los militares bajo el mando del Ministro de Defensa, ya no estarían para resguardar la paz social y el orden público –cosa para lo que no están preparados como el propio General Moncayo lo reconoció públicamente- sino que estaban en las calles para defender su “honor” y por tanto responder a lo que llamamos a la ligera, “provocaciones extremistas” y “vándalos”.
Son nuevos calificativos que declaran prácticamente la guerra para todos quienes salieron a las calles a protestar esos aciagos días y que se sumaban al apelativo de “zánganos”, que muy suelto de huesos el presidente Moreno, ya les había endilgado anteriormente.
Ese momento, Jarrín demostró tener la batuta discursiva de la respuesta del gobierno a la protesta social y dio el paso decisivo: opuso a la milicia y a la sociedad civil como enemigos antagónicos.
La inédita violencia desatada en las calles es real. En redes sociales han circulado cientos de videos y fotos transparentando la brutalidad de la violencia ejercida por las llamadas “fuerzas del orden” contra personas indefensas en muchas ciudades del país, que ya ha dejado un número indeterminado de muertos, se habla de 20 al menos, incluyendo un niño recién nacido, aparte de los cientos y cientos de heridos.
Las “fuerzas del orden”, arremetieron con salvajismo contra personas de todas las edades. Estas hordas represivas han lanzado muchas veces directo al cuerpo, miles de bombas lacrimógenas, han usado perdigones y balas de goma. Muchas de esas bombas fueron lanzadas a los centros de acopio y atención médica que varias universidades abrieron para atender a los damnificados en su mayoría pobladores indígenas que se tomaron la capital para presionar la eliminación del decreto 883, el cese de las concesiones mineras, de las empresas públicas y en contra de la firma de la carta de intención con el FMI, entre otras.
La vida de decenas de recién nacidos corrió serio peligro cuando las bombas policiales cayeron en la Maternidad Isidro Ayora, Existen impresionantes evidencias gráficas de cómo se atacó a personas que se habían refugiado en los techos de los barrios de San Juan de Quito como si se estuviese en una guerra civil, con tomas de puertas cerradas en donde emanaban chorros de sangre de quienes se refugiaban para salvar sus vidas . Espeluznantes señales de la barbarie que los grandes medios aliados y cómplices del gobierno, jamás mostraron.
Los jefes policiales, no han dicho una sola palabra sobre esto. Las tímidas “disculpas públicas”, dadas a destiempo por otros responsables directos de los excesos, más parecen una burla que otra cosa.
En definitiva, la disposición de mantener el “orden público” ha devenido en la inmisericorde violación del propio y más valioso derecho de los seres humanos, el derecho a la vida. Un país donde ya no se respeta la vida, no tiene futuro.
Informe de los derechos humanos sobre el paro nacional
La alianza de las organizaciones de los derechos humanos conformada: La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos CDH, La Fundación Nacional de la Asesoría en Derechos Humanos, INREDH, asumieron el trabajo de monitorear y documentar posibles violaciones a los derechos humanos a raíz del inicio del paro nacional de transportistas que inició el 3 de octubre y la declaratoria de estado de excepción.
Personas detenidas
El Ministerio de Defensa en Rueda de Prensa informó la detención de 1.330 personas incluidas 57 personas de otras nacionalidades distintas a la ecuatoriana.
La alianza por su parte, recibió entre el 3 y 13 de octubre reportes de 81 procesos penales iniciados en las provincias del Azuay, Guayas, Pichincha, Sucumbíos, Tunguragua y verificó la información en el sistema público de la función judicial. Este reporte da cuenta de un total 449 personas privadas de la libertad en supuesto delito flagrante.
De acuerdo a nuestro reporte, un total de 320 personas fueron liberadas en el instante es decir el 71
e los detenidos. Otras 73 personas fueron liberadas sin sentencia penal después de acordar procesos de conciliación en las audiencias (16 debieron pedir disculpas a los miembros de la Policía Nacional por supuestos insultos o heridas leves consideradas en contravenciones menores.
Personas heridas
Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos entre el 3 y el 13 de octubre se registró un total de 1340 personas heridas, sin contar funcionarios de la fuerza pública; mientras que la Ministra de Gobierno, informó la cifra de 1507, , de los cuales 435 sería policías y el resto de la sociedad civil. Por su parte la Cruz Roja Ecuatoriana informó que se realizó un total de 747 detenciones.
De acuerdo al tipo de agresión se informa que 61 fueron agresiones físicas, 12 agresiones verbales, 8 detenciones, 11 impedimentos de cobertura y 4 corresponden a daños de equipos.
Muertes violentas
Otro de los hechos de mayor gravedad durante los 11 días de protesta son las muertes violentas registradas, cerca de 20. La vulneración de los derechos de las personas durante las manifestaciones desvirtúa los motivos de un estado de excepción y refuerza la denuncia sobre el uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública.
Adicional a los miles de personas privadas de libertad y heridas, el estado de excepción y el desproporcionado e indiscriminado despliegue de la fuerza pública, del que se ha dado cuenta en este informe, también es el contexto en el que según la Defensoría del pueblo del Ecuador, diez muertes habrían ocurrido entre el 6 y 18 de octubre, de las cuales hemos podido recabar información adicional de las siguientes personas:
Propuesta economica parlamento de los pueblos
La CONAIE, en un hecho sin precedentes, logró doblegarle al gobierno y sentarlo a negociar públicamente. Consiguió la declaratoria del decreto 883 en el que se eliminaba el subsidio del diésel y la gasolina. El movimiento indígena retomó protagonismo y fuerza e hizo escuchar su voz. El costo fue alto, ellos pusieron el cuerpo y los muertos. CONAIE, logró sumar a otros actores a la protesta: trabajadores, estudiantes, activistas, con distintas reivindicaciones, demandas y preocupaciones, trabajadores petroleros y otros actores sociales,
Pasados unos días de la revuelta y luego de haber logrado el diálogo, la CONAIE, hizo una convocatoria más amplia a otros sectores de la sociedad, para trabajar propuestas encaminadas hacia un nuevo modelo, en el Parlamento de los pueblos. Las propuestas fueron entregadas al Gobierno y las Naciones Unidas, cuyo papel ha sido el de mediador entre los indígenas y el gobierno.
En materia tributaria, el Parlamento de los Pueblos plantea que incremente al 4 a meta de recaudación del impuesto a la renta, a los 270 grupos económicos más ricos del país, que en el año 2017 tuvieron ingresos de 67. 999,8 millones.
También plantearon imponer un impuesto del 1
los activosa los 270 grupos económicos.
Además sugieren un impuesto del 5
l patrimonio de los mismos grupos económicos que concentran más riqueza.
Sobre obre el IVA, que se reduzca al 10 Señalan que la reducción de ese impuesto puede incrementar la recaudación en un 6 /span>
Los ingresos no permanentes, plantean que Petroecuador cambie los términos de los contratos de prestación de servicios petroleros.
Piden que las empresas telefónicas paguen una contribución adicional por su posición de dominio del mercado.
En la política monetaria plantean mantener los requisitos de liquidez para las entidades del sistema financiero privado. También mantener el coeficiente de liquidez doméstico.
Reformar la Ley de Fomento Productivo y la Ley de Crecimiento Económico.
Devolver al banco Central el manejo delo dinero electrónico y ampliar su uso como mecanismo que permita enfrentar de mejor manera los vaivenes de la economía.
Para la compra de combustibles proponen que se masifique el uso del dinero electrónico.
Sobre el impuesto de salida de divisas, el Parlamento de los Pueblos pide que debería transformarse en un encaje a los depósitos en el exterior, en una tasa del 10 Se devolverá el monto del encaje con la repatriación de los capitales.
En relación a las políticas sectoriales, plantean reestructurar las deudas de los campesinos, titularizar tierras y una estrategia integral que fortalezca el turismo.
El presidente de la República, Lenin Moreno, pidió a la CONAIE que se mantenga en los preceptos del diálogo.
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