Lo injusto
“Donde no hay Ley, es peligroso tener la razón”

Sin Dios ni Ley, viví la crueldad del “acoso mediático” practicado para desacreditarme. El 27 de marzo de 1997, un, fallo mediático condenatorio en mi contra, disparado por un hábil de la comunicación (apuntalado por una tramoya fáctica anterior y ulterior), reemplazó la Ley con el prejuicio. Se blindó mi estado de absoluta indefensión ante el Estado ecuatoriano. Probado con el sistemático bloqueo al ejercicio de mis derechos humanos, civiles, y constitucionales de defensa en igualdad ante la Ley, ¡en libertad!

Condiciones de desigualdad, exilio, clandestinidad, cautiverio, cárcel, hospitalización, etc. que no paralizaron once años de “estoica resistencia”, a decir de un amigo; de no ser atendida en el despacho de escritos, ni escuchada con la presentación de peritajes, pruebas testimoniales y documentales, que –en Derecho- demuestran que ni existe ni jamás cometí delito alguno en el “contrato de adquisición de bienes” suscrito para equipar pedagógicamente el programa educativo “mochila escolar gratuita”, cuyas condiciones de negociación y financiamiento, jamás manejé.

Verdad jurídica que -documentada en el proceso- prueba la inocencia, razón y Derecho que me asisten y respaldan lo técnico-legal ejecutado cuando ministra de educación, cultura y deportes del Ecuador; verdad no recogida, sino ocultada con la mimética, única y oficial versión periodística.

Lo ilegal
“El poder busca destruir la mente humana, para volverla armar leal a ese poder”

El domingo 11 de junio del 2006, de forma ilegal (sin boleta de detención ni encarcelamiento), escandalosa (atroz operativo), y calculista, fui detenida –justo- cuando necesitaron desviar la atención de lo ocurrido 5 días antes, la exculpación de lo facilitadores del saqueo bancario que perjudicó al Ecuador con más de ocho mil millones de dólares; sobreseimientos provisional del ex Presidente Mahuad, y definitivo de la ex ministra de Finanzas A.Lucía Armijos, prueba fehaciente del sistemático trato político -no jurídico- dado a mi caso.

Secuestrada, psicológicamente acosada, encerrada en la cárcel de mujeres del Inca, privada de mis elementales derechos humanos. Ningún esfuerzo jurídico procesal de mi defensa, familia, y amigos sirvieron para que pueda defenderme en libertad, menos para que sea trasladada a un hospital público por mi delicado estado de salud, ni al centro (cárcel 4) que por mi condición de ex ministra de Estado me correspondía.

Dos meses después, agosto del 2006, mi juez natural permitió que rinda mi testimonio indagatorio. Receptado el cual, dio paso a los testimonios solicitados por mi defensa: 1. El hábil de la comunicación Freddy Ehlers; 2. La Directora de Auditoria 2 de la Contraloría General del Estado a esa fecha Lcda. Miriam Zabala de Mosquera. Hecho lo cual, esta vez, abundó mi prueba a favor.

Siete meses después, enero del 2007, vejada por la dilación de la espera sin fin, presa del inmovilismo, a riesgo de mi vida, me declaré en huelga de hambre, exigiendo una resolución; lo que transitoriamente sacó del limbo mí caso. Fui notificada con sentencia de 3 años modificada; injusticia e ilegalidad ante la cual APELE; ni un solo considerando de la sentencia dictada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recoge ni hace referencia a una sola de las TREINTA Y UN PRUEBAS DE MI INOCENCIA debidamente documentadas y en detalle presentadas e incorporadas al proceso, durante 6 horas de exposición, como consta en mi primero, único, verdadero y voluntario testimonio indagatorio. Sentencia que ignoró por completo, los presupuestos del Art. 127 del Código de Procedimiento Penal edición 1983, que manda, que el testimonio indagatorio es medio de prueba a favor del sindicado, lo que demostró una vez más, que mi palabra ni las tangibles pruebas de descargo, fueron valoradas ni consideradas por el juzgador, hecho que sacó a la luz, el oscuro interés de condenarme por un delito que ni existe, ni jamás cometí.

Secuestrada
“No pido que se tuerza la Ley, sino que se la aplique”

Diez meses, enero a noviembre del 2007, cautiva la Ley y torturada la Justicia, ningún trámite, petición, escrito, audiencia en estrados, ni gestión judicial ha conseguido que la Primera Sala de Conjueces Permanentes de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, cumpla la Ley, resolver la APELACIÓN presentada. Impedida de conformarse la referida Sala, campea la sistemática DILACIÓN a una salida en Derecho, objetivo y lucha mantenida durante once años, por la ex ministra Sandra Correa.

Dieciocho meses, 11 de diciembre del 2007, por la aberración de la justicia a la ecuatoriana, no por el cometimiento de ningún delito, cumplo la pena impuesta. ¡Basta de bloquear la libertad de una inocente! derecho conculcado con la abusiva orden de prisión provisional, convertida en castigo anticipado, desde abril 23 de 1997. Más de una década perseguida, por el, a priori, juicio condenatorio que un hábil de la comunicación dictó ante una cámara y micrófono.

Amparada en la Constitución Art. 24 numerales 2 “…en caso de duda… se aplicará en el sentido más favorable al encausado”. 7 “…presumirá la inocencia de toda persona cuya culpabilidad no se haya declarado mediante sentencia ejecutoriada”. 8 “La prisión preventiva no podrá exceder de seis meses… ni de un año…”. 13 “…Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente...”.

Inocente como soy, apelada la sentencia no ejecutoriada, por cumplir 18 meses de presa sin sentencia, recurro nuevamente a la Ley, e insisto en pedir lo que por once años se me niega, mi derecho a defenderme en libertad. En Derecho lo hago ante la Primera Sala de Conjueces Permanentes de la Corte Suprema de Justicia; ante el Defensor del Pueblo; ante el Tribunal Constitucional; ante el Director Nacional del Centro de Rehabilitación Social.

¿Quién ejecutará este acto de sanidad pública para la justicia?

De 17 sindicados, 12 ya han sido sobreseídos, entre otros: Dr. Fernando Rosero ex Contralor General del Estado, Dr. Leonidas Plaza V. ex Procurador General del Estado-, Ec. Pablo Concha L. ex Ministro de Economía y Finanzas, Ing. Miguel Salem Kronfle ex Secretario General de la Administración Pública, Dr. Nicanor Moscoso ex Subsecretario de Finanzas, Dr. Pablo Celi de la Torre ex Subsecretario de Educación, Dra. Alicia Coloma Romero ex Subsecretaria Administrativa y Presidenta de la Comisión Técnica -, Dra. Margarita Rodríguez R. ex Asesora Legal del Ministerio de Educación.

SOBRESEIMIENTOS que sumados a las PRUEBAS DE DESCARGO en el proceso, más el NO ENJUICIAMIENTO a las autoridades suscriptoras del contrato transaccional celebrado el 16-02-98 que sustituyó, convalidó y dejó sin efecto el contrato original suscrito el 11-11-96, DETERMINAN EN DERECHO un hecho, INEXISTENCIA DEL DELITO. A no ser que con ensañamiento y temeridad se insista en no rectificar el ERROR JUDICIAL, CRUELMENTE APUNTALADO CON LA ATRÓZ JUDICIALIZACIÓN DE LA NOTICIA.