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Año 17 - Diciembre/2015
BIMESTRAL
N° 90
nacional    INICIO      Sábado 04 de Abril del 2020    
  EDITORIAL

  INTERNACIONAL
MECANISMOS DEL SISTEMA Y TERRORISMO

  NACIONAL
EL LEVANTAMIENTO CONTINÚA

  POLÍTICA
CARLOS PEREZ: NO SOY NI EL PRIMERO NI EL ÚLTIMO PERSEGUIDO

  CIUDAD
SAN FRANCISCO, UN CAOS
SAN FRANCISCO, EN ESPERA
SAN FRANCISCO, HISTORIA

  POESÍA
V FIESTA DE LA LIRA

  CULTURA
CULTURA Y CREACIÓN
PALABRAS PARA EL POETA
VOCES FEMENINAS EN LA LITERATURA CUENCANA

  COMUNIDAD
ENCUENTRO INTERNACIONAL SOY MI VOZ
EL PATIO DE LA CASA ES PARTICULAR

POR: Galo Muñoz Arce

 

 


El levantamiento continúa
Hay discrepancias en los sectores de oposición al gobierno y en el seno de los sectores populares sobre los resultados de las jornadas de lucha de agosto (marcha de Tundaimy, Levantamiento, Paro Nacional y las tres marchas después del 13 de agosto). Para los que esperaban que se repita la experiencia de los forajidos de tumbar al gobierno de Correa y para los esperaban de que con el paro se conseguiría que el gobierno archive las enmiendas,  las jornadas de luchan fueron un fracaso. Para quienes planteamos que estas jornadas eran un paso más en la larga lucha para fortalecer la unidad, conciencia y organización que a mediano plazo permita a los trabajadores cambiar la correlación de fuerzas para derrotar la política de la burguesía encabezada por Alianza País, estas jornadas fueron una victoria. 
El paro nacional fortaleció la disciplina y la unidad del frente social. Se consiguió avanzar en la construcción de un bloque de izquierda con independencia de los intereses de la derecha oligárquica y la pequeña burguesía ex correista.  
Permitió evidenciar que la contradicción entre los intereses de los empresarios, del Estado  y la de los trabajadores no se soluciona con diálogos o con políticas de equidad,  ya que no es posible reducir la riqueza de los explotadores ni la miseria de los explotados en una sociedad en las que el capital sobreexplota a los trabajadores para obtener más plusvalía.
Se derrotó la política criminalizadora de la protesta social. Las marchas posteriores al 13 de agosto fueron una expresión de resistencia al Decreto de Excepción. El pueblo  trabajador no cayó en la provocación del gobierno, que querían enfrentamientos para poder justificar su argumento de “golpe de estado blando” y descabezar al movimiento popular apresando a sus dirigentes. El gobierno tuvo que reprimir de forma brutal al pueblo debelando de cuerpo entero su carácter represivo. La aceptación de Correa y su partido cayó ostensiblemente y se develó la pobre capacidad de Alianza País de movilizar a sus simpatizantes. 
Durante y después del paro la táctica del gobierno fue minimizar la lucha popular, continuar con su agenda de diálogo con las organizaciones afines, alcanzar acuerdos con los empresarios y hacer pequeñas concesiones a algunos sectores.
Por otro lado la burguesía gobiernista movió sus cuadros para comprar dirigentes y dividir a los trabajadores y al movimiento indígena; en la medida que no pudieron debilitar o eliminar a organizaciones como la CONAIE, la Federación Médica, hoy pretenden tomarse las organizaciones. Todas estas maniobras que tienen como objetivo posicionar su política como “revolucionaria” y así ocultar el carácter anti trabajadores de sus acciones expresadas en el ataque sistemático a los derechos de los laborales  y campesinos. Además el gobierno continúa con su política de judicialización de participantes en el paro y el levantamiento popular. Actualmente hay aproximadamente 130 procesados judicialmente.

Las “enmiendas” a la Constitución propuestas por el correísmo.
Para el Movimiento Político “Montecristi Vive”, los cambios que se pretenden hacer a la Constitución NO son simples “enmiendas”, afectan varios puntos y principios fundamentales. Estas alteraciones contribuyen a que exista una mayor concentración del poder y, por lo tanto, representan un retroceso para la democracia, la participación,  los derechos de las personas y los pueblos del Ecuador. La Constitución de 2008 es un documento vivo que garantiza los derechos de todas las personas, pueblos, comunidades y colectivos del país.
Los cambios propuestos por el Gobierno y la Asamblea Nacional no son fruto de las demandas populares. No están encaminados a fortalecer los derechos sino a consolidar el poder. Recordemos las regresivas reformas de la consulta popular de 2011: con ellas se restringieron los derechos de las personas procesadas penalmente y se cambió la Función Judicial para que el Gobierno integre el órgano rector y disciplinario, es decir para que el Presidente “meta la mano en la justicia”, tal como sucedía antes. Ahora vemos sus efectos: se triplicó la población carcelaria y los jueces no pueden resolver en contra de los intereses del Gobierno, so pena de sufrir sanciones administrativas.
La Corte Constitucional avaló el proyecto denominado “Enmiendas a la Constitución de la República del Ecuador 2008”, en el que constan 16 propuestas de cambios constitucionales, de los 17 presentados por la Asamblea Nacional. De esas propuestas, 12 son cambios que no pueden hacerse mediante trámite legislativo porque no son “enmiendas” sino cambios profundos a la Constitución y se tendrían que someter a consulta popular.
La norma ética dice que quienes llegan al poder deben respetar las reglas establecidas en la Constitución. Si quienes están en el poder se benefician de las normas que quieren cambiar, están alterando el juego democrático. Es un abuso del poder. La democracia constitucional no es una cuestión formal
Una característica fundamental de nuestro sistema constitucional es que la Constitución subordina a todo poder público y privado. Otra característica es que pone múltiples límites al poder. Estas son características básicas de la Constitución de Montecristi.
El primer límite son los derechos: todo poder está prohibido de violarlos y tiene que garantizarlos. El segundo límite está en las competencias de los poderes públicos: por ejemplo, la Corte Constitucional debe respetar y hacer respetar la Constitución y no permitir sus violaciones. El tercer límite son los tiempos que establece la Constitución: si fijó un período de gobierno y prohíbe la reelección, esta condición tiene que ser respetada. El cuarto límite es el denominado candado constitucional: evita que los cambios a la Constitución se los hagan en beneficio de un grupo que ostenta el poder y perjudique a quienes no lo tienen. Ningún poder puede cambiar la Constitución a su capricho.

Los acuerdos de los empresarios y el gobierno.
Los grandes empresarios aprovechando el debilitamiento del gobierno, producido por las jornadas de lucha de agosto, están negociando  con el gobierno para la aplicación o profundización del paquete económico neoliberal que consiste en: el endeudamiento masivo, poniendo como garantía los recursos naturales., la privatización de las empresas y servicios públicos, la reducción del tamaño del estado, eliminación de los subsidios a la electricidad, gasolina, gas y al transporte, sobreexplotación del trabajo, eliminando los derechos colectivos e individuales de los trabajadores. .
El gobierno, a cambio de este paquete antipopular y antinacional, quiere que los grupos empresariales respalden la reelección de Correa y la desdolarización. La desdolarización para los trabajadores significa la devaluación de la moneda  y por lo tanto el incremento de la explotación del trabajo. Efectivamente, el proceso de desdolarización puede darse de dos maneras: i) reemplazando el dólar con una moneda nacional de una sola vez (devaluación rápida) o ii) creando dos sistemas cambiarios, un dólar débil (interno) para el pueblo y un dólar fuerte para la burguesía, es decir una devaluación progresiva. Los trabajadores debemos comprender que no tiene sentido oponernos a esta política si no detenemos el paquete económico neoliberal.
Lo anterior evidencia que Correa y Alianza País son los que mejor representan los intereses de las empresas monopólicas nacionales y transnacionales, tal como se constata al analizar los datos de los impresionantes ingresos de estos sectores en los ocho últimos años.

Priorizar la lucha económica combinando con la lucha política e ideológica.
En todo este periodo se ha priorizado la lucha político jurídica y se ha concentrado el debate en este ámbito y nos encontramos en desventaja, ya que el Estado puede desbaratar la lucha con la represión; se anuncian juicios contra los miembros de la comisión anticorrupción, lo mismo puede pasar si se prioriza como estrategia de lucha el llamado a una Asamblea Constituyente o a una consulta popular. En la medida que Alianza País controla  todos los poderes del Estado cualquier iniciativa en este ámbito será un fracaso.
En este periodo preelectoral (septiembre a diciembre de 2015) y en el periodo electoral (2016) la lucha política jurídica no debe ser lo único o esencial. Hay que recordar que la política es la expresión de la economía. Por lo anterior manifestamos que hay que combinar la lucha político jurídico con la lucha económica. Lo esencial es derrotar el paquete neoliberal que sumirá a los ecuatorianos a mayor miseria y desesperación y hará del Ecuador otra Grecia. Efectivamente,  si bien hay que seguir luchando por el archivo de las enmiendas constitucionales, debemos priorizar la lucha económica, porque esto nos permitirá dar continuidad a la lucha si se  aprueban  total o parcial de las enmiendas constitucionales.
Efectivamente, en relación a la aprobación de las enmiendas constitucionales hay tres escenarios: el primero que el gobierno apruebe todas las enmiendas con base al acuerdo con los empresarios; el segundo, que es el más probable, que aprueben una parte de las enmiendas dejando la esencia de la política antidemocrática que estas representan; y tercero que logremos que se archiven todas las enmiendas. Si, producto de la lucha social, la burguesía cree que la presencia de Correa no permitirá la pacificación del país, obligará al gobierno a eliminar la elección indefinida, pero pueden dejar intactos todos los artículos que eliminan derechos laborales y humanos. Lo que se logre dependerá del nivel que alcance la lucha en los meses  de noviembre, diciembre y enero.
En el campo de la lucha política, este periodo ha demostrado que el Estado,  el gobierno y la burguesía pueden con facilidad desbaratar lo alcanzado en el terreno político por los trabajadores, pero en el campo económico no pueden ocultar la situación de vida cada vez más crítica de los sectores populares que experimentan día a día un incremento de la inflación, del desempleo,  el endeudamiento familiar. El priorizar la lucha económica nos permitirá dar continuidad a nuestra lucha en el periodo electoral que se iniciará en el 2016.

No al congelamiento salarial, a la inflación y a la devaluación monetaria;
No al endeudamiento externo, no a la grecialización de la economía ecuatoriana;
No a la privatización de las empresas y servicios públicos a través de la política de Alianzas Publico Privadas;
No al Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea;
No a los despidos masivos de trabajadores públicos y privados;
No al despilfarro y al festín de nuestros recursos naturales;
No a la eliminación de los subsidios del gas, gasolina y trasporte;
No a la aprobación de las enmiendas constitucionales y a criminalización de la lucha popular (libertad de los presos políticos);
No más impuestos.


Levantamiento popular continúa
Para el presente periodo, que se terminará en diciembre del 2015 o en enero del 2016 el Colectivo Unitario integrado por la CONAIE, FUT y otros actores sociales planteo dos tareas: continuar con la política de movilización y resistencia popular y realizar una campaña masiva de educación y discusión con respecto a: el carácter y causas de la crisis capitalista mundial y la crisis ecuatoriana, al modelo o política económica que conviene a los trabajadores y al tipo de gobierno que queremos.

Continuamos con la política de movilización y resistencia popular:
En la historia de los levantamientos indígenas y populares del Ecuador estos han tenido diferente duración; el levantamiento de Tupac Amauro duró más de 10 años y el de Daquilema un año. La voluntad del Colectivo Unitario es que, el levantamiento que comenzó en agosto, terminará cuando se logre derrotar la política económica de los empresarios y su gobierno.
En la última convención del pueblo se aprobó la realización de la Huelga General y la preparación de la Huelga General”, como medida para arrancar la no aprobación de las enmiendas o parte de ellas.
El objetivo preelectoral de la izquierda es cambiar la actual situación en tiempo y espacio. En el tiempo se tiene  que mejorar la capacidad de respuesta frente a cada una de las acciones del estado y en el espacio  recuperar el territorio. En este último aspecto, los movimientos sociales consideran que  es importante evitar que el Estado se meta en los sindicatos y organizaciones populares para hacer control electoral y rechazar las pretensiones de las juntas parroquiales de autorizar y controlar las reuniones de las comunidades.



 


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