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Hasta hace unos días atrás, la masacre de Carandirú era conocida como el más grande exterminio de personas priv das de libertad en el mundo. Los 111 asesinados en la prisión brasileña, están por debajo de los contabilizados en la última barbarie sucedida en la Penitenciaría del Litoral que arrojó al menos 118 muertos y 80 heridos.
En lo que va del año suman 226 muertes violentas en los reclusorios del Ecuador. El gobierno responsabiliza de esos crímenes a las bandas delincuenciales, vinculadas al narcotráfico, y de paso desconoce su incompetencia para construir un verdadero sistema de rehabilitación social, que al menos garantice la vida de los reclusos que están bajo su responsabilidad.
Claro está que existen privados de libertad afines a mafias transnacionales, pero al mezclarlos en condiciones de insalubridad y hacinamiento con infractores menores (encausados por microtráfico, por delitos vinculados a la pobreza, víctimas de la penalización expansiva, de los excesos de la prisión preventiva o no excarcelados a pesar que cumplieron sus condenas) se da rienda suelta a un régimen de servidumbre que obliga a buena parte de la población carcelaria a alinearse con las bandas a cambio de conservar su vida.
En la crisis carcelaria de julio anterior, en la que se asesinaron otros 22 reos, el banquero Lasso decretó el estado de emergencia en las prisiones y ofreció reestablecer su orden. Es evidente, la mano dura prometida fracasó porque continúan aislando la violencia carcelaria de las verdaderas raíces del conflicto que son la desigualdad social y la precarización de la vida.
Al igual que la militarización de varias ciudades, el nuevo Estado de excepción decretado no dará los resultados esperados. Urgen políticas públicas que reemplacen el juicio reactivo cortoplacista del gobierno por medidas integrales, particularmente preventivas.
Es imposible que un Estado incapaz de reconocer la identidad de los asesinados en las prisiones, logre doblegar por la fuerza al narcotráfico y al lavado de dinero que hace rato se infiltró en la institucionalidad ecuatoriana. Para reducir la criminalidad es necesario, al menos, eliminar la pobreza y crear empleo digno, caso contrario las cárceles seguirán siendo una carnicería.
Después de esta masacre será complicada la tarea de pacificar las cárceles, previsiblemente se ajustarán cuentas dentro y fuera de los reclusorios.
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